Intervención del público: ”Biometano: enfoque científico y social”

Debido a que hay momentos en que no se escucha bien, hemos realizado la transcripción del tiempo de intervención pública que se llevó a cabo al final de la jornada (4:06:30)

Tiempo de preguntas (40′)

Debido a cierta tensión por parte de algunos de los asistentes, la moderadora decidió dar por terminada el foro de reflexión y abrir el turno de palabra al público. Pidió respeto y calma para poder continuar con la conversación.

Intervención de Francisco Carrillo (portavoz de la Plataforma Biogás Andújar)

Francisco Carrillo se presentó como portavoz de la Plataforma Biogás Andújar y quiso aclarar, desde el inicio, que las plataformas ciudadanas no son ignorantes ni están desinformadas:

“No estamos en contra del biogás ni del biometano. Sabemos perfectamente la diferencia entre ambos y reconocemos que son una solución. El problema es cómo se están gestionando los proyectos.”

Explicó que en la plataforma hay ingenieros, biólogos y profesionales cualificados, y que su oposición no es ideológica, sino basada en hechos concretos del proyecto que afecta a su comarca.

Detalló el caso de Andújar, donde se plantea una planta de hasta 12 hectáreas para tratar 100.000 toneladas de residuos al año. Señaló varias irregularidades:

• En la comarca no existe suficiente residuo para alimentar esa planta, y además se proyecta otra planta del mismo grupo empresarial en un municipio cercano.

• El terreno previsto es un yacimiento arqueológico reconocido, algo que, según afirmó, se minimiza en la documentación:

  “No es que ‘pueda salir algo’. Es que está allí. Yo lo he visto personalmente.”

• La ubicación se encuentra en una zona de expansión del lince ibérico, pero el proyecto no menciona su presencia, a pesar de que se están construyendo pasos de fauna en la zona.

• En el proyecto se afirma que no hay viviendas a menos de 600 metros, cuando existen edificaciones a menos de 200 metros y viviendas habitadas a menos de 300.

Carrillo denunció que estos aspectos se omiten en el proyecto de actuación y en el proyecto básico, que calificó de “llenos de falsedades”. Añadió que la información pública se publicó en agosto, con escasa difusión, a pesar de que la Junta de Andalucía había recomendado fomentar la participación ciudadana.

En cuanto al impacto económico y laboral, cuestionó los beneficios anunciados:

• El proyecto declara 37.115 euros anuales en salarios, lo que equivale, según sus cálculos, a uno o uno y medio puestos de trabajo.

• La planta ocuparía terreno agrícola productivo, sustituyendo empleo agrario existente.

• El transporte de residuos desde otras provincias no generaría empleo neto, solo desplazaría actividad ya existente.

Frente a este modelo, defendió ejemplos como el de cooperativas que gestionan sus propios residuos:

“Cuando la planta es de los propios agricultores, si hay un problema, lo sufren ellos mismos. Aquí vienen fondos de inversión de fuera que ni siquiera operan la planta directamente.”

Concluyó afirmando que lo que se cuestiona es el modelo de implantación, no la tecnología en sí.

Intervención de Juan Manuel Rodríguez Canales (Ingeniero industrial)

Juan Manuel Rodríguez Canales explicó que se centraría solo en dos cuestiones, aunque existen muchas más.

1. Sobre el uso exclusivo del orujo de oliva

Señaló que en la provincia se están tramitando nueve plantas, seis de ellas promovidas por el mismo grupo empresarial, presentadas como plantas que funcionarían únicamente con orujo de oliva.

Sin embargo, citó un informe científico publicado el 18 de noviembre de 2025, presentado por Fernando Fermoso, que concluye que la monodigestión de orujo no es viable y que la codigestión con purines porcinos quintuplica la producción de metano y estabiliza el proceso.

Según Rodríguez Canales, se está trasladando a la población y a las administraciones una imagen engañosa, y es previsible que, una vez autorizadas, estas plantas soliciten ampliar los sustratos, algo habitual en el sector.

Puso como ejemplo la planta de Campillos, que ha ampliado tanto la capacidad como los sustratos autorizados, generando problemas relevantes en la población.

2. Aplicación de la Directiva Seveso

Denunció que en los proyectos que conoce no se está aplicando la Directiva Seveso, relativa a la prevención de accidentes graves.

Explicó que plantas de gran tamaño pueden superar fácilmente las 10 toneladas de biogás almacenado, lo que obligaría a clasificarlas dentro de esta normativa, algo que no aparece reflejado en los proyectos analizados.

Respuestas técnicas y debate posterior

Tanto personas del foro de reflexión, como profesionales presentes entre el público explicaron que, la aplicación de la Directiva Seveso depende del cálculo de la cantidad de gas almacenado, y que Protección Civil emite los informes correspondientes. Se indicó que la Autorización Ambiental Integrada no incluye todos los informes sectoriales, que se tramitan por otras vías.

También se afirmó que:

• No se inicia un expediente sin informes previos de patrimonio cultural.

• Aunque no haya afección arqueológica directa, suele exigirse seguimiento arqueológico.

• Es muy improbable que Medio Ambiente autorice un proyecto con afección al lince ibérico sin medidas correctoras.

Los participantes insistieron  en que el problema principal ha sido la falta de información a la ciudadanía, ya que la consulta pública se realizó en octubre de 2024 y gran parte de la población tuvo conocimiento un año después.

Debate sobre olores y confianza ciudadana

Varias intervenciones coincidieron en que el principal motivo de rechazo social es la experiencia previa de olores en plantas existentes.

Representantes ciudadanos afirmaron que:

• Hay vecinos que han tenido que vender sus casas o han visto reducido su valor.

• Se han reportado problemas de salud y calidad de vida.

• La desconfianza no es teórica, sino basada en experiencias reales.

Desde el sector empresarial se respondió que una planta bien diseñada no tiene por qué oler, y que existen soluciones tecnológicas eficaces. Juan Manuel Peña de la empresa ENCE  expuso el caso de la planta de La Galera, en Tarragona,  donde nunca había habido ninguna queja hasta que fue comprada por la empresa, lo que da que pensar que existe un problema de prejuicio y percepción sesgada. En el mismo momento en que se supo que la planta era operada por una empresa y no por la cooperativa anterior, comenzaron las quejas sobre los olores.

La empresa ha puesto en marcha todas las medidas disponibles para pasar los controles odoríferos (cierre de naves de recepción. cubrición de balsas, instalación de biofiltros físicos y químicos y sistemas de medición objetiva de olores en colaboración con ayuntamientos). Juan Manuel invitó a los presentes a visitar la planta y comprobar in situ lo que estaba diciendo. Explicó que los trámites administrativos habian retrasado la ejecución de estas mejoras, pero que se esperaba tenerlas implantadas completamente en varias semanas.

Desde Ecologistas en Acción se subrayó que la desconfianza social es el eje central del conflicto:

“Una vez implantada una instalación de este tipo, no se puede mover. Si genera problemas, la población los sufre durante años.”

Se insistió en que, mientras no se solucionen de forma efectiva los casos existentes, será muy difícil recuperar la confianza para nuevos proyectos.

Finalmente, se reclamó un mayor papel de la administración pública, una legislación más adaptada a la realidad territorial y un modelo de implantación que tenga en cuenta no solo la viabilidad técnica, sino también la aceptación social.

El encuentro se cerró agradeciendo la participación de todas las partes y reconociendo la necesidad de seguir dialogando con mayor transparencia, información y rigor.