La transición energética también consiste en saber renunciar
Hay una pregunta que deberíamos hacernos con más frecuencia cuando hablamos de energía, industria y territorio: ¿Qué queremos ser de mayores?
Parece una licencia poética, pero no lo es. Es una pregunta de fondo. Porque la transición energética no va solo de incorporar tecnologías nuevas ni de fijar objetivos climáticos. Va de decidir qué modelo queremos construir, qué papel queremos dar a nuestros recursos y si somos capaces de pensar más allá del titular, del miedo del día y de la moda tecnológica de turno.
Llevamos años encadenando crisis geopolíticas y energéticas. Y, sin embargo, cuesta ver qué hemos aprendido de verdad. Se habla mucho de autonomía estratégica, de resiliencia y de soberanía energética, pero a la hora de ordenar prioridades seguimos actuando con una mezcla de improvisación, ansiedad tecnológica y cortoplacismo político.
Y así es muy difícil construir nada serio.
Sobre el papel, el objetivo parecía claro: reducir emisiones, sustituir combustibles fósiles y construir un sistema más limpio y eficiente. El problema es que, en nombre de esa transición, muchas veces se está imponiendo una lógica más estética que estructural: se aplaude lo más sofisticado, lo más complejo y lo que mejor luce en una presentación, aunque no siempre sea lo más sensato desde el punto de vista físico, territorial o industrial.
Porque una cosa es descarbonizar, y otra hacerlo bien.
Una parte del desorden nace de un error muy básico: tratar los residuos como si fueran todos parecidos y las moléculas como si todas valieran lo mismo. No es así. No todos los residuos son iguales. No todas las corrientes orgánicas merecen el mismo destino. Y no toda salida energética es una valorización inteligente.
Sin embargo, seguimos metiendo en el mismo saco un purín, una biomasa forestal sin salida, una corriente líquida de depuradora, un residuo agrícola, una grasa industrial o una fracción orgánica con mayor valor potencial. Y demasiadas veces la respuesta es la misma: transformarlo todo en gas.
Ahí está uno de los grandes errores del momento.
Hay materiales que, por su composición y por su potencial, no deberían acabar simplemente convertidos en metano para luego quemarlo. Eso no siempre es valorizar. Muchas veces es rebajar una molécula valiosa a un uso menor. Dicho de forma sencilla: estamos usando moléculas buenas para trabajos pobres.
Pero decir esto no significa rebajar la importancia del biometano. Al contrario. Significa colocarlo donde más sentido tiene.
Porque el biometano encaja de forma muy sólida allí donde hay residuos de bajo valor estructural y alto impacto ambiental: purines, restos agrícolas, biomasa forestal de gestión, efluentes problemáticos o líquidos de EDAR. Ahí sí tiene lógica transformar un problema difuso en una molécula útil. Ahí sí hay una combinación real de utilidad climática, gestión de residuos, actividad territorial y sustitución de gas fósil.
Y además ya no estamos hablando de algo marginal. Según el informe presentado por APPA Biogás, España dispone de un potencial disponible de 97 TWh de biometano, equivalente a alrededor del 42% del consumo convencional actual de gas, y de un potencial movilizable más realista a 2035 de entre 25 y 35 TWh/año, es decir, entre el 11% y el 15% de la demanda actual. El propio sector insiste, además, en que hoy apenas el 0,15% del gas consumido procede de fuentes renovables.
Eso obliga a hablar claro: España no puede permitirse desaprovechar una energía renovable, gestionable y autóctona justo cuando la seguridad energética ha dejado de ser una discusión abstracta y se ha convertido en una prioridad económica, industrial y social. El documento de APPA acierta al subrayar que existe recurso, que existe potencial y que el verdadero debate ya no es si el biometano tiene sitio, sino cuántas oportunidades pueden convertirse en proyectos viables y en producción efectiva.
Ahí está, de hecho, una parte importante de la cuestión. No basta con tener recurso. Hay que ordenar bien su uso. Y hay que remover las barreras que separan el potencial teórico del potencial realmente movilizable: regulación inestable, lentitud administrativa, falta de coordinación, problemas logísticos, acceso a red, incertidumbre sobre digestato, disponibilidad agraria y aceptación local. Todo eso aparece señalado con claridad en la nota de APPA.
Por eso el debate no debería plantearse como una disyuntiva entre biometano sí o biometano no. Ese sería un planteamiento pobre y equivocado. La cuestión real es otra: qué residuos deben ir prioritariamente a energía, cuáles deberían destinarse a cadenas de valor superiores, y cómo construimos una jerarquía sensata de uso de la materia y de la energía.
No es ideología. Es criterio.
Y ahí aparece una palabra que se repite mucho, pero se concreta poco: soberanía energética.
La soberanía energética no empieza solo en las grandes infraestructuras ni en las inversiones espectaculares. Empieza también cuando un territorio deja de ver sus residuos como un estorbo y empieza a tratarlos como parte de su solución. Empieza cuando el recurso se transforma cerca de donde se genera. Empieza cuando una comarca convierte pasivos materiales dispersos en capacidad productiva, en gas renovable, en biofertilizantes, en actividad económica y en menos dependencia exterior.
Eso conecta de lleno con lo que plantea APPA: el biometano no solo aporta energía; también ayuda a gestionar residuos municipales, agroganaderos e industriales, impulsa economía circular, crea empleo local y ofrece una solución renovable y gestionable para usos térmicos e industriales.
Frente a esta lógica, una parte del debate energético sigue deslizándose hacia una fascinación excesiva por las rutas más complejas, más intensivas en conversión y más alejadas del uso directo de la energía. Tendrán su papel, sí. En algunos sectores serán necesarias. Pero no pueden convertirse en la plantilla mental para ordenar toda la transición.
La razón es bastante simple: cada vez que añadimos una conversión, perdemos eficiencia. La electricidad renovable tiene más valor cuando se usa directamente. Cuando la obligamos a pasar por varias transformaciones antes de llegar a su uso final, el sistema se encarece, se vuelve más pesado y necesita más infraestructura para obtener el mismo resultado.
Eso no significa renunciar a esas rutas. Significa reservarlas para donde de verdad hagan falta.
Y ahí aparece una de las paradojas más claras del debate actual: la aviación concentra una atención política, mediática y tecnológica muy superior a su peso real dentro del conjunto del consumo fósil. Es un sector difícil de descarbonizar, sí. Pero precisamente por eso no debería marcar el ritmo del resto del sistema.
El error no es admitir que la aviación necesitará durante más tiempo combustibles densos. Eso es aceptar una realidad física. El error es ordenar buena parte del relato energético alrededor de ese caso extremo mientras sectores mucho más grandes y mucho más transformables siguen anclados en petróleo y gasóleo.
La lógica debería ser bastante más sencilla. Primero, electrificación directa allí donde sea viable. Después, moléculas renovables más simples, autóctonas y territorialmente coherentes —como el biometano— donde la electrificación no llega bien o no llega todavía. Y solo al final, las rutas más complejas para los sectores que realmente no tienen una alternativa mejor a corto plazo.
Además, hay otra cuestión que no deberíamos seguir esquivando: el territorio.
La energía no es una abstracción. Necesita suelo, agua, logística, infraestructuras, conexión, mantenimiento y aceptación local. Cada proyecto que obliga a mover el recurso a grandes distancias añade costes y fragilidad. Cada decisión que desordena el territorio para alimentar una visión centralizada o desconectada de la realidad local empeora el sistema en lugar de mejorarlo.
Y aquí conviene decir algo incómodo: no podemos seguir dejando que el ruido, el inmovilismo o determinadas plataformas NIMBY condicionen el relato más que las necesidades materiales del país. El debate social es legítimo y necesario. Pero una cosa es discutir con rigor y otra permitir que la consigna fácil, el miedo difuso o la oposición automática bloqueen decisiones que afectan a la seguridad energética, a la industria, al mundo rural y a la gestión real de residuos.
La transición energética no necesita más adornos. Necesita más criterio.
Necesita entender que no todo debe quemarse igual, que no todos los residuos merecen el mismo destino y que no tiene sentido construir toda la conversación pública alrededor del sector más difícil y minoritario mientras se retrasan cambios mucho más decisivos en volumen, impacto y viabilidad.
Porque una transición seria también consiste en saber a qué conviene renunciar. Si cada crisis, cada guerra y cada titular nos desvía del rumbo, entonces no hay estrategia: hay deriva. Y con deriva no se construye país, no se construye industria y no se construye soberanía energética.
