Biometano en España: lo que de verdad frena los proyectos
El pasado 10 de marzo se celebró en Valencia la jornada ‘‘Biometano: de residuo a activo energético industrial viable. Qué proyectos salen, cuáles no y por qué” organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y el Clúster de la Energía de la Comunidad Valenciana.
La jornada reunió a representantes de la administración pública, instituciones, empresas y entidades tecnológicas para reflexionar sobre el momento actual y las oportunidades de desarrollo del biogás y el biometano en la Comunitat Valenciana.
La apertura corrió a cargo de Tomás Játiva Collados, decano de COGITI Valencia; Ricardo Romaguera Faura, presidente del Clúster de Energía de la Comunitat Valenciana; y Jorge Blanco Coll, director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana. En sus intervenciones coincidieron en señalar la importancia de impulsar soluciones que permitan valorizar los residuos agrícolas y ganaderos, transformándolos en recursos energéticos renovables, así como el papel creciente que estos gases pueden desempeñar en el futuro energético.
Tras la inauguración institucional, Enrique Bayonne, director del Clúster de Energía de la Comunitat Valenciana, ofreció una panorámica del estado de desarrollo del sector, mientras que Gabriel Butler, CEO de Genia Bioenergy, abordó el potencial del biometano como motor de transformación dentro del sistema energético.
A continuación, se llevó a cabo una mesa coloquio que analizó la realidad del biogás y el biometano, sobre todo, en la Comunitat Valenciana. A continuación, compartimos un resumen de lo que compartieron los asistentes.
Mesa Coloquio
Participaron en la mesa Iván Esteve, del Instituto Tecnológico de la Energía (ITE); Gabriel Butler de Genia Bioenergy; Jorge Blanco de la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana; Ricardo Romaguera, presidente del Clúster de la Energía de la Comunitat Valenciana; Olga Sánchez de Esders España.
El punto de partida quedó claro desde el primer minuto: el debate en torno al biometano en España ya no puede quedarse en la pregunta de si esta tecnología funciona o no. Funciona. Lo demuestra su implantación en numerosos países europeos. La cuestión, por tanto, es otra:
por qué en unos territorios los proyectos salen adelante y en otros se bloquean, se retrasan o se convierten en foco de conflicto.
Esa fue la idea central sobre la que giró una conversación intensa, concreta y muy ligada a la realidad, en la que se abordaron sin rodeos algunos de los factores que más están condicionando el desarrollo del biometano en España:
la tramitación administrativa, la viabilidad técnica y económica, la integración territorial, la seguridad industrial, la aceptación social y la necesidad de mejorar la comunicación con la ciudadanía.
Un diagnóstico compartido, pero con matices: España ha llegado tarde.
La primera pregunta fue directa: qué está pasando para que el biometano no se esté desarrollando en España con la rapidez suficiente.
Iván Esteve introdujo una mirada moderadamente optimista. A su juicio, España sí está entrando ya en una fase de desarrollo, y el propio hecho de que hoy se celebren jornadas como esta demuestra que el biogás y el biometano han ganado visibilidad y centralidad. En su intervención explicó que durante años el biogás se entendió sobre todo como una herramienta de gestión de residuos, muy asociada a depuradoras y a un enfoque limitado. Sin embargo, ahora empieza a abrirse paso una visión más amplia, en la que se cruzan tres dimensiones: energía, agricultura y gestión de residuos. Ese cambio de enfoque, señaló, es importante porque permite ver el biometano no solo como una salida para residuos orgánicos, sino también como un vector energético renovable y gestionable, con capacidad para reforzar la independencia energética.
Gabriel ofreció una visión mucho más dura. Habló desde la experiencia directa de quien intenta sacar adelante proyectos y se encuentra con barreras muy concretas. Puso un ejemplo contundente: una autorización ambiental integral en Aragón que ha tardado cinco años. Mantener durante ese tiempo una estructura empresarial, equipos profesionales y costes fijos sin haber podido ni siquiera empezar a construir convierte el proceso en algo muy difícil de sostener. En su análisis, el retraso español se explica por varios factores acumulados: la falta histórica de ayudas como las que sí existieron en otros países europeos, la ausencia de un marco regulatorio bien adaptado a la complejidad del biometano, la politización de algunos debates energéticos y una fuerte polarización social que convierte este tipo de proyectos en arma electoral o en objeto de campañas de miedo.
Desde la administración, Jorge Blanco introdujo perspectiva histórica. Recordó que en España existen instalaciones que generan biogás desde hace décadas, especialmente vinculadas a la depuración de aguas residuales. Es decir, no se trata de una tecnología completamente nueva. El problema, en su opinión, es que el salto hacia una implantación más amplia y más ambiciosa ha sido lento. España tiene un potencial muy alto, pero no lo ha traducido todavía en un desarrollo acorde. Señaló además un elemento importante: en otros países europeos las políticas de apoyo se han mantenido con más estabilidad en el tiempo, mientras que aquí las ayudas a renovables han sufrido interrupciones y altibajos que han dificultado consolidar un sector robusto.
Ricardo coincidió en gran parte con este diagnóstico y añadió que el actual auge responde, en buena medida, a que por fin se han ido dando algunas condiciones que antes no existían: más seguridad jurídica, garantías de origen, cierta evolución normativa y la entrada de fondos de inversión e industria gasista que han empezado a apostar de forma seria por este mercado.
Olga Sánchez, por su parte, introdujo un enfoque más centrado en la seguridad y en la oportunidad tecnológica. Reivindicó que hoy existen sistemas de control, detección, monitorización y prevención suficientemente avanzados como para afirmar con rotundidad que las plantas pueden operar bajo estándares muy exigentes. Y subrayó algo relevante: llegar más tarde que otros países también permite aprender de sus errores y de sus aciertos.
La gran pregunta práctica: qué hace que un proyecto salga adelante o no
Una vez dibujado el contexto general, la conversación bajó al terreno. No al de las ideas abstractas, sino al de los proyectos concretos.
Gabriel explicó que el primer factor determinante es que la planta tenga sentido en el territorio donde quiere implantarse. No se trata de hacer “la planta que alguien quiere”, sino la planta que encaja con las necesidades del entorno, con la disponibilidad real de materias primas, con las posibles salidas del digestato, con el aprovechamiento del agua depurada y del CO2 biogénico, y con una lógica de largo plazo. Una planta de este tipo, recordó, está llamada a convivir con el territorio durante décadas. Si no aporta valor local, el proyecto nace débil.
Pero incluso cuando ese trabajo previo está bien hecho, los obstáculos pueden aparecer en cualquier punto. Mencionó varios: falta de acceso a suministro eléctrico, costes muy elevados para conectarse a redes gasistas, interpretaciones administrativas distintas según la comunidad autónoma, requisitos que pueden comprometer la viabilidad económica del proyecto, dificultades para cerrar financiación, necesidad de contar con tecnólogos solventes, acuerdos de compra del biometano y una larga cadena de decisiones que deben alinearse para que todo funcione.
Su descripción fue casi la de una carrera de obstáculos. Y esa fue precisamente una de las ideas que más fuerza tomó en la mesa: desarrollar una planta de biometano en España no es hoy un proceso lineal ni sencillo. Es una operación compleja en la que se mezclan ingeniería, derecho, financiación, logística, gestión de residuos, energía, territorio y aceptación social.
La administración reconoce el cuello de botella, pero también pide mejores proyectos.
Jorge Blanco respondió a una de las cuestiones más sensibles del debate: qué está haciendo la administración para agilizar este tipo de desarrollos.
Su intervención fue honesta en un punto clave: sí, la administración es a menudo un cuello de botella, pero también trabaja con falta de personal, equipos poco consolidados y una carga técnica elevada. Reivindicó que simplificar no significa relajar garantías, sino mejorar procedimientos. En ese sentido, explicó que una de las líneas en las que se está trabajando es reforzar la calidad de la documentación que entra en la administración, de modo que los proyectos lleguen mejor preparados desde el principio.
Insistió en una idea importante: muchas veces se pierde muchísimo tiempo porque los expedientes llegan incompletos o mal planteados, lo que obliga a abrir un intercambio constante de requerimientos y respuestas. Según defendió, se gana mucho cuando empresa y técnicos hablan antes, comparten dudas y corrigen a tiempo lo necesario. Una reunión técnica previa puede ahorrar meses de escritos.
También recordó algo que no siempre se explica bien: hay fases del procedimiento que no pueden comprimirse arbitrariamente. Si un trámite exige exposición pública y alegaciones, ese tiempo existe porque forma parte de las garantías del sistema. La agilidad, por tanto, no consiste en saltarse pasos, sino en que todo lo previo y lo posterior funcione mejor.
Economía circular: el problema no es solo lo que se hace, sino lo que pasa cuando no se hace nada
Cuando la conversación se desplazó hacia el papel de la economía circular, Iván Esteve puso sobre la mesa una idea de gran valor divulgativo: el problema no es únicamente si una planta de biogás o biometano puede generar molestias o no; el problema también es qué ocurre si no se hace nada con los residuos.
A su juicio, parte del rechazo social nace de un déficit de comprensión del problema de fondo. Muchos ciudadanos no terminan de ver que esos residuos ya existen, que hay que gestionarlos de algún modo y que, si no se hace bien, pueden generarse emisiones difusas, impactos sobre el suelo o pérdidas de recursos aprovechables. Explicó que el metano que se escapa sin control a la atmósfera tiene un potente efecto invernadero, y que por tanto capturarlo y aprovecharlo energéticamente forma parte también de la solución.
Su planteamiento fue claro: hace falta más divulgación, más pedagogía y más capacidad de explicar sin tecnicismos. No basta con hablar entre expertos. Hay que traducir mejor el problema y también la solución.
Seguridad industrial: una planta no segura no tendría autorización.
Uno de los bloques más importantes de la mesa fue el dedicado a la seguridad, porque es ahí donde suelen concentrarse muchas preocupaciones ciudadanas: olores, emisiones, fugas, riesgos, accidentes.
Olga Sánchez explicó que hoy existen tecnologías de detección y control muy avanzadas. Habló de detectores portátiles, equipos fijos de monitorización 24/7, sistemas para atmósferas explosivas, detección remota de fugas y plataformas que permiten registrar datos en tiempo real y planificar mantenimiento preventivo. La idea que quiso trasladar fue simple: hay herramientas para anticiparse a los problemas antes de que escalen.
También defendió que, una vez en funcionamiento, una planta de biometano debe operar bajo planes de control y mantenimiento muy rigurosos. Y subrayó que en Europa ya existe experiencia acumulada, especialmente en países como Alemania, Francia o Dinamarca, que ha servido para perfeccionar normas, protocolos y sistemas de prevención.
Gabriel reforzó esta línea con un matiz relevante. Reconoció que sí puede haber plantas mal operadas, pero pidió no convertir casos concretos en una descalificación global de la tecnología. Según explicó, algunos problemas atribuidos al biogás o al biometano tienen más que ver con una mala gestión de residuos o con malas prácticas operativas que con la planta en sí misma o con el modelo tecnológico.
Desde la administración, Jorge añadió otra idea importante: una autorización ambiental integrada implica el trabajo de múltiples servicios técnicos y sectoriales. Ponerla en cuestión sin más, vino a decir, supone ignorar todo el proceso técnico que hay detrás. No se autoriza una instalación de estas características a la ligera.
El gran nudo del debate: la aceptación social
Si hubo un tema transversal a toda la mesa, fue este. Todos coincidieron en que no basta con que un proyecto sea técnicamente viable, económicamente sólido y ambientalmente correcto. También necesita aceptación en el territorio. Y ese es, probablemente, uno de los puntos más difíciles.
Iván explicó que una parte del rechazo puede entenderse desde la falta de conocimiento. Muchas personas no saben exactamente qué es una planta de biogás o biometano, cómo funciona, qué controles tiene o qué pasa si no se gestionan esos residuos. En ese vacío, los mensajes sensacionalistas corren muy deprisa.
Jorge defendió que la educación ambiental debe llegar no solo a niños y jóvenes, sino también a adultos. Y recordó además algo muy práctico: la gestión de residuos tiene un enorme coste económico para los municipios. Comprender eso también forma parte de la cultura ambiental y de la corresponsabilidad ciudadana.
Ricardo habló de una “curva de aprendizaje” social. En su opinión, a medida que haya más instalaciones funcionando correctamente y más ciudadanía vea con sus propios ojos cómo son realmente estas plantas, será más fácil desmontar temores infundados.
Gabriel fue probablemente quien formuló con más crudeza la dimensión emocional del problema. Señaló que el miedo se alimenta con mensajes muy concretos: que bajará el valor de las viviendas, que llegarán malos olores, que pasarán camiones peligrosos por el pueblo, que habrá riesgos para la salud o para el agua. Y advirtió de que esos mensajes no siempre se combaten solo con invitaciones, visitas o datos, porque hay quien no quiere comprobar nada. Por eso pidió centrar el esfuerzo en esa parte de la ciudadanía que recibe el miedo, no necesariamente en quienes lo promueven.
Olga apostó por la transparencia y el diálogo como base para construir confianza. Aunque durante la mesa también quedó claro que eso, por sí solo, no siempre basta. Informar con rigor es imprescindible, pero no neutraliza automáticamente la hostilidad cuando la desconfianza ya está instalada.
Qué hacer mejor a partir de ahora
Hacia el final del encuentro, la conversación se orientó hacia la mejora continua.
Se habló de hacer más pedagogía en entornos rurales, organizar visitas a plantas en funcionamiento, explicar mejor con lenguaje llano, usar herramientas visuales, abrir espacios de conversación más cercanos y mostrar datos en tiempo real. También se insistió en algo fundamental: la calidad del proyecto y de la operación no puede bajar ni un milímetro. Si el sector quiere ganar legitimidad social, necesita que las plantas estén bien diseñadas, bien construidas, bien mantenidas y bien gestionadas.
Ricardo apuntó que España todavía está adquiriendo experiencia en el desarrollo y explotación de este tipo de instalaciones, especialmente fuera del ámbito clásico de depuración de aguas. Eso implica asumir una curva de aprendizaje técnica y operativa. No basta con promover plantas: hay que formar profesionales, consolidar conocimiento y aprender a gestionar instalaciones complejas durante los 365 días del año.
Una conclusión clara: la clave no es solo tecnológica, también es social
La mesa dejó una idea muy nítida: el futuro del biometano en España no depende únicamente de la tecnología, ni solo de la regulación, ni solo de la financiación. Depende también de la capacidad de construir confianza.
Confianza entre empresas, administración y ciudadanía. Confianza basada en proyectos rigurosos, en controles reales, en transparencia, en diálogo y en una comunicación pública mucho más eficaz de la que se ha hecho hasta ahora.
Porque, como se repitió de distintas maneras a lo largo de la conversación, el biometano no se juega solo en laboratorios, despachos o plantas industriales. También se juega en el terreno de la percepción social, del entendimiento ciudadano y de la credibilidad.
Y ahí, quizá, está una de las grandes tareas pendientes del sector en España.
